Hermosillo, Son., noviembre 1° de 2022.- La Ley que declara a noviembre como “Mes de la Salud Masculina” fue aprobada en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, a la par de un exhorto al titular de la Secretaría Salud en el Estado y a los 72 ayuntamientos, a fin de que realicen acciones encaminadas a la difusión, protección y acceso a la salud masculina.
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El diputado José Armando Gutiérrez Jiménez presentó, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de Ley que declara el mes de noviembre como “Mes de la Salud Masculina”, en cuya exposición de motivos establece que, lamentablemente en México, el cáncer de próstata es la primera causa de enfermedad y muerte masculina, ya que cobra más de siete mil vidas al año.
Agregó que, tanto la Secretaría de Salud del Gobierno Federal como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, han realizado campañas de concientización y han convocado a este sector de la población a romper con tabúes y estigmas para que acudan anualmente –a partir de los 50 años-, a sus unidades médicas a realizarse un tamizaje para detectar la enfermedad en etapas tempranas, cuando no hay síntomas, ya que la enfermedad aún puede ser curable.
El legislador recordó que el pasado octubre, la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Hermosillo llevó a cabo una sesión con el tema de la protección a la salud masculina, para lo cual emitió un dictamen relativo a las acciones para promover y difundir, durante el mes de noviembre de cada año, todos los programas y líneas de acción disponibles en materia de salud masculina, a través del área de salud pública del Municipio y establecer este mes como de la salud masculina.
“En este documento retomamos dicho dictamen para hacerlo llegar a este Pleno en forma de proyecto de Ley, buscando que este beneficio llegue para toda la población masculina del Estado de Sonora y reproducir el mismo ejercicio en el resto de los ayuntamientos del Estado. Asimismo, exhortamos al Secretario de Salud del Estado, para que realice durante este mes de noviembre las acciones necesarias para promover la difusión, prevención, protección y acceso a la salud de la población masculina”, aseveró.
En esta sesión ordinaria, la diputada Rebeca Irene Silva Romero, presidenta de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, sometió a consideración del Pleno un exhorto dirigido a los 72 ayuntamientos del Estado, mediante el cual se les solicita que armonicen y adecuen sus reglamentos y presupuestos para el ejercicio fiscal
2023, a las reformas y acuerdos vigentes aprobados por la LXIII Legislatura, que repercuten en sus administraciones o, en su caso, justifiquen la imposibilidad de atender lo solicitado.
Recordó que en agosto y septiembre del presente se llevaron a cabo foros denominados “Parlamento Abierto con enfoque municipalista”, que organizó la comisión que preside, con el objeto de acercar información de valor en distintos rubros de interés para los ayuntamientos y sus funcionarios.
En ambas ocasiones se les expusieron los decretos y acuerdos aprobados durante el ejercicio de esta LXIII Legislatura, dijo, a fin de que las administraciones municipales armonizaran y adecuaran sus reglamentos y presupuestos para el siguiente ejercicio fiscal.
Entre las que destacó reformas a la Ley de responsabilidad patrimonial para el Estado y sus municipios, a la Ley para fomentar la creación, desarrollo, utilización y difusión del software libre y de código abierto del Estado de Sonora, y la Ley de responsabilidades y sanciones para el Estado de Sonora, entre otras. El Acuerdo con exhorto se aprobó por unanimidad.
Turnan iniciativas a comisión
En el desarrollo de la plenaria, la Presidencia turnó a la Comisión de Hacienda una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado, con el objeto de establecer que no cause el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal las contraprestaciones pagadas a las personas adultas mayores y personas con raíces indígenas.
A nombre de las y los integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, el diputado Ernesto De Lucas Hopkins expuso que buscan propiciar mejores condiciones para los grupos vulnerables, sobre todo en los adultos mayores y en personas de raíces indígenas que, al igual, tienen mucho que aportar a la sociedad.
Indicó que la propuesta consiste en otorgar un estímulo fiscal consistente en una reducción de ocho por ciento en el pago del impuesto a personas físicas y morales que realicen aportaciones en efectivo, no onerosas, ni remunerativas, equivalentes al impuesto causado en el periodo a instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles, fundaciones u organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas y autorizadas por la Secretaría de Hacienda.
Se refirió a organizaciones que brinden apoyos económicos bajo un esquema de aportaciones paritarias con fines específicos a organizaciones e instituciones de la sociedad civil que proporcionen, gratuitamente, servicios de asistencia social a la población del Estado con niveles mayores de marginación económica y social.
Y a la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales se envió para estudio una iniciativa presentada por el diputado Iram Leobardo Solís García, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
Expuso que la propuesta es adecuar dicho marco jurídico para que, de manera transversal, los ayuntamientos implementen acciones que concitan en ofrecer información completa, verdadera y útil sobre la actividad de las comisiones integradas por las y los regidores de cada Ayuntamiento, lo cual garantizaría la legitimidad de las instituciones y aumentaría la confianza de la ciudadanía en las mismas.
Agregó que, con el propósito de demostrar la importancia de los regidores como representantes de los ciudadanos en el actuar del Ayuntamiento, realizó una muestra para identificar cuáles cuentan con información de los regidores y el trabajo que llevan a cabo en las comisiones, en el cual concluyó que sin duda los ayuntamientos se encuentran en constante evolución para garantizar el derecho al acceso a la información, pues es importante que el ciudadano se encuentre informado sobre las acciones de las comisiones.
Enseguida correspondió a la diputada Brenda Lizeth Córdova Búzani, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentar su iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de responsabilidades y sanciones del Estado de Sonora.
Sostuvo que en la legislación deberá considerarse como una falta administrativa grave el que una o un servidor público solicite dinero y obligue a otra u otro servidor público a hacer o dejar de hacer algo, como condición para que siga en su puesto.
“Debemos adelantarnos a hechos que pudieran presentarse, por eso, como integrantes de la cuarta transformación, que mira por el bienestar social, no el individual, no permitiremos actos de corrupción, extorsiones, ni cualquier otro delito por parte de servidoras y servidores públicos”, externó la legisladora.
Debe incluirse una agravante para el delito de extorsión, dijo, a efecto de que las y los servidores públicos que cometan dicha conducta en contra de otras u otros servidores públicos, para dejarlos permanecer en su puesto sin necesidad de evaluación sobre su trabajo, vayan directamente a prisión. La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
La próxima sesión del Pleno del Congreso se celebrará el martes 8 de noviembre, a las 11:00 horas.
